domingo, 21 de junio de 2009

Primer encuentro de la nueva junta directiva de la SACPA con la Consejería de Salud


La presidenta de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (SACPA), la doctora gaditana María del Carmen Francisco López, acompañada por el vicepresidente segundo de dicha sociedad, el médico internista José Luis Royo Aguado, se ha reunido con el secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería de Salud, José Luis Rocha Castilla, tercer máximo responsable del departamento que dirige la consejera, María Jesús Montero. Esta reunión forma parte del calendario fijado por la nueva directiva de la SACPA dentro de su programa de actuación.

Durante el encuentro, la doctora María del Carmen Francisco expuso a Rocha las necesidades de los profesionales de la SACPA que pasan por "superar y corregir las actuales desigualdades laborales para una mejor atención a los pacientes". A juicio de la doctora Francisco "el SAS tiene que lograr que los profesionales solo estén preocupados por el bienestar de los pacientes paliativos y de sus familias. Solo de eso, por lo que han resolverse, antes de la aplicación de la nueva ley, todos esos problemas pendientes, que constituyen uno de los objetivos de nuestra junta directiva en esta nueva etapa. No olvidemos que estamos hablando del colectivo profesional que hará realidad, día a día, el cumplimiento de una ley estatutaria como la de la Muerte Digna". La SACPA y el SAS están redactando en estos días un amplio convenio de colaboración entre ambas instituciones como los ya existentes con otras sociedades y asociaciones científicas en Andalucía.

Otros de los temas abordados fue el de la formación y acreditación de los profesionales y expertos andaluces y andaluzas en cuidados paliativos. En la actualidad estos dos aspectos resultan esenciales para garantizar la homegeneidad de este servicio básico de salud, "incorporado como un derecho de la ciudadanía en el reformado Estatuto de Andalucía".

También se trató en el encuentro la importancia creciente de la colaboración de los expertos en paliativos, socios de la SACPA, en participar en la formación de otros profesionales implicados o relacionados con la atención paliativa. "Es esencial", afirma la presidenta de la SACPA, "que los profesionales de atención primaria y de DCCU -Dispositivos de Cuidados Críticos de Urgencias- reciban una formación específica en paliativos para enfrentarse correctamente ante casos que se les puedan presentar en el ejercicio diario de su actividad. Y no solamente para eso, sino para que esas situaciones no añadan un estrés innecesario a su trabajo".

Igualmente, el vicepresidente segundo de la SACPA, José Luis Royo Aguado, expuso al secretario general de Calidad y Modernización, la intención de la sociedad científica de emprender una recogida de datos para realizar un informe de diagnóstico de la actividad que realizan los profesionales de paliativos en la comunidad autónoma. "No menos importante fue que planteáramos al secretario general nuestra inquietud, como ciudadanos y profesionales de los paliativos, de que la aplicación de la nueva Ley de Dependencia tenga muy en cuenta la prioridad en la tramitación de los expedientes para los pacientes paliativos y sus familias, que todo se haga con mayor celeridad dada la urgencia de sus necesidades vitales".

La doctora María del Carmen Francisco destacó, al término del encuentro con José Luis Rocha, "el ambiente de cordialidad y de colaboración por ambas partes, máxime cuando lo que está en la mesa en estos momentos es el cumplimiento de un derecho de los andaluces y andaluzas que compete tanto a la Junta de Andalucía como a los profesionales de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, un grupo de médicos, enfermeros, psicólogos, fisioterapeutas, trabajadores sociales y personal sanitario en general que debe realizar sus trabajos en condiciones de equidad. Ése y no otro es mi objetivo en esta nueva etapa", precisó la doctora Francisco.

Hay que mejorar la atención domiciliaria


"Este país tiene unas 350 unidades de cuidados paliativos, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal). Desde secciones específicas hospitalarias a unidades de atención domiciliaria o en centros de enfermos terminales. Son un 30% más que en 2004. Sin embargo, estas unidades aún se quedan muy cortas para atender a los más de 200.000 enfermos terminales que hay cada año. Se necesitarían, como mínimo, 200 unidades más para atender a todos los pacientes. Para que cada área de salud tenga su unidad. Algo que hoy en día es un espejismo".

Ética y muerte digna


La ponencia 'Ética y Muerte Digna' de Pablo Simón y Francisco Alarcos, miembros del Comité Autonómico de Ética e Investigación, ha generado desde enero cuando se incorporó a la web de la Consejería de Salud 4.895 descargas, lo que supone una media de 27 al día. 'Ética y Muerte Digna' ha servido como base para la redacción del proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, aprobado recientemente por el Consejo de Gobierno y remitido al Parlamento para su debate.
Muchas de esas descargas se han realizado a través del enlace situado en este blog informativo Paliativos Andalucía, que en pocas semanas se ha convertido en un referente rápido y actualizado de este importante sector profesional de la sanidad andaluza, que es el que hará realidad la ejecución de la nueva ley.
Este texto sitúa a Andalucía como la única comunidad autónoma en contar con una normativa específica en la materia, ha informado la Consejería de Salud en un comunicado. El proyecto de Ley regula el ejercicio de los derechos del paciente durante la última etapa de la vida, asegura su autonomía y el respeto a su voluntad y dignidad, así como los deberes de los profesionales sanitarios encargados de la atención y las funciones de las instituciones y centros sanitarios. Entre los derechos reconocidos por este texto se encuentra el recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el objetivo de ayudarle en la toma de decisiones.
La norma también establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida. Además, regula el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, y garantiza los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si la persona lo desea, en su domicilio siempre que no esté contraindicado.
El ciudadano podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte, y los pacientes que tengan que ser hospitalizados tendrán derecho a una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como privado.
El texto también refleja que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán informarle sobre su situación y respetar las decisiones que tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas.

miércoles, 17 de junio de 2009

Cuidando a la familia

El ochenta por ciento de los enfermos terminales es cuidado por sus familiares, ha afirmado hoy en Logroño Javier Cevas, vicepresidente de las VIII Jornadas Nacionales de Cuidados Paliativos, que se celebrarán en Logroño los próximos días 18 y 19 con el lema "Cuidando a la familia". Cevas, coordinador médico de la Unidad de Cuidados Paliativos de la Fundación Rioja Salud, ha añadido, a través de un comunicado, que, "en España, el cuidador tipo del paciente terminal está representado por una mujer mayor de sesenta años, con estudios primarios, sin remuneración por su trabajo y familiar del enfermo".

'Ofensiva' mediática a favor de la ley


Dice Javier Pradera en EL PAÍS: "Contra lo que afirma frívolamente la nueva ministra de Sanidad ("no existe un clima social que demande este tipo de legislación"), la actual normativa sobre la materia ofrece ambigüedades que permiten su sombrío manejo. Sólo la generalización de la iniciativa andaluza al ámbito estatal crearía las condiciones para acabar con esos empecinados, crueles e inútiles tratamientos dilatorios aplicados a los agonizantes que hacen aún más terrible el hecho por sí mismo dramático de la muerte. Sirva como ejemplo el tétrico auto de fe escenificado hace cuatro años en el Hospital de Leganés por los inquisidores de la Comunidad de Madrid, tal vez discípulos del dignatario eclesiástico que -en una Semana Santa de Valladolid- puso como ejemplo de agonía a seguir por todo buen cristiano la atroz muerte en la cruz de Jesús de Nazareth".

Dudas de conciencia y garantías deontológicas


El Consejo Andaluz de Colegios de Médicos mostró ayer su temor de que el proyecto de Ley de Muerte Digna, texto que el Gobierno autonómico aprobó el pasado martes remitirlo al Parlamento andaluz para su debate y aprobación definitiva, «encorsete» la objeción de conciencia de los profesionales de la medicina.
El pleno de presidentes de este órgano colegial, que se reunió en sesión extraordinaria, sostiene que dicha norma «corre el riesgo de poder encorsetar al profesional de la medicina» a la hora de tomar decisiones, «que calificamos como trascendentales».
Por ello, la citada entidad considera «imprescindible» la incorporación de fórmulas que «resuelvan las dudas de conciencia» y como medio de «asegurar la independencia del médico en su ejercicio y el propio valor de sus actos». Este derecho, aclara el pleno de presidentes del Consejo Andaluz de Médicos, se ejercería «sin menoscabo de las garantías del paciente».

Sin consenso
«Una norma que protocolice procesos, actuando en el terreno de las convicciones personales, nacería necesariamente rota en uno de sus pilares si se impidiera la resolución de conflictos éticos, que facilitarían la gestión diaria de la aplicación de la Ley», prosiguen en su escrito.
De igual modo, consideran necesario una presencia «más explícita» de la corporación profesional médica en los comités de ética hospitalarios, hecho que a juicio de este colectivo representa una «garantía deontológica ineludible que debe ser atendida, como medio de sumar credibilidad al sistema y en un marco de trabajo en equipo».
En cualquier caso, valoran el «esfuerzo» de la Administración en el campo de los Cuidados Paliativos como medio de proporcionar «la mayor dignidad y alivio a los enfermos y familiares» en ese trance de la vida.
Precisamente ayer, la consejera de Salud, María Jesús Montero, explicó que el proyecto de Ley de Muerte Digna de Andalucía «no contempla la objeción de conciencia» que un profesional sanitario pueda mostrar a la hora de limitar el esfuerzo terapéutico a un paciente en situación terminal que así lo pidiese, ya que, según aclaró, desde el Gobierno andaluz «entendemos que tiene que ser un ámbito estatal el que regule este apartado de forma general», agregó.
En una entrevista concedida a Punto Radio y recogida por Europa Press, Montero opinó que «probáblemente éste es el ámbito en el que la objeción de conciencia tiene que tener una regulación más clara, al igual que ocurre con las técnicas del aborto».
«Tengamos en cuenta que las prácticas que se regulan en esta ley son consideradas buenas prácticas clínicas, incluida la sedación paliativa terminal que, aunque acorte la vida del individuo, lo que persigue es disminuir el dolor y por tanto aliviar sus síntomas», argumentó.
Por ello, la consejera de Salud dijo entender que «sería muy excepcional que cupiera la objeción de conciencia». Sea como fuere, consideró que «por estas razones se tendría que regular en ese nivel más general».

domingo, 14 de junio de 2009

Dignidad en la muerte


El grupo Joly, el primero por número de periódicos y recursos en Andalucía, dedica hoy su editorial común al proyecto de Ley de Muerte Digna:
"Después de ser mejorado el texto inicial por el Consejo Consultivo de Andalucía, el Gobierno autonómico acordó el pasado martes remitir al Parlamento el proyecto de Ley de Muerte Digna, el primero de estas características que se impulsa en una comunidad autónoma. Es de destacar, en primer lugar, que el debate sobre la inclusión o no de este nuevo derecho social en la legislación andaluza fue uno de los obstáculos más importantes durante la negociación del Estatuto de Autonomía entre PSOE y PP. Finalmente, se aprobó una redacción garantista y prudente que satisfizo a los populares. Por tanto, la aprobación de ahora supone transformar en ley uno de los contenidos del nuevo Estatuto. En segundo lugar, el derecho a la muerte digna no debe confundirse con la eutanasia activa o la ayuda al suicidio, dos prácticas de fuerte perfil polémico que, de hecho, están sancionadas en el Código Penal vigente, es decir, no tienen cabida en una norma autonómica como la comentada. De forma resumida, el proyecto de la Junta consagra el derecho de la persona en proceso de muerte a rechazar la intervención propuesta por los profesionales sanitarios, aunque ello pueda poner en peligro su vida; el derecho de un paciente en situación terminal a recibir la sedación paliativa que precise para reducir su sufrimiento, y al derecho a que no se produzca en su caso el encarnizamiento terapéutico que en ocasiones se vive en los hospitales, sean públicos o privados. Paralelamente, los profesionales implicados en la atención al enfermo serán obligados a respetar las creencias y preferencias de éste, absteniéndose de imponerle las propias. Precisamente en este punto puede centrarse la divergencia apuntada por el presidente del PP andaluz, Javier Arenas, quien ha subrayado la necesidad de conciliar los derechos de los enfermos, sus familiares y los médicos y demás sanitarios. La norma que salga del trámite parlamentario habrá de ser integradora y consensuada, a la vez que nítida en sus prescripciones, por tratarse de una ley que gira en torno a la enfermedad grave, la muerte y las convicciones de las personas. Descartada la eutanasia, no debería haber inconvenientes de mayor alcance para que la Ley de Muerte Digna sea a medio plazo una realidad que ayude a morir con sosiego y dignidad a las personas que, informadas y conscientes, decidan que no pueden seguir viviendo en sus condiciones".

viernes, 12 de junio de 2009

Jacinto Bátiz, portavoz de Ética (Secpal): "Ojalá la ley no se quede en meras intenciones"


La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) mostró hoy su temor a las "dificultades" que puede presentar la "aplicación efectiva" de la Ley andaluza de Muerte Digna, que el pasado martes se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, motivo por el que pidió al Gobierno autonómico que dicha norma "no se quede en meras intenciones y no suponga una frustración para los profesionales por no poder ofrecer un derecho prometido por ley". Para el miembro de la Junta Directiva de esta sociedad médica y portavoz de su Grupo de Ética Jacinto Bátiz, de producirse este vacío de cometidos "los políticos habrán quedado muy bien para su curriculum y prestigio electoral con la firma de esta ley, pero los médicos seguiremos con nuestras dificultades como hasta ahora y, sobre todo, los enfermos no podrán disfrutar de unas promesas políticamente correctas".

De hecho, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos valoró hoy en una nota la "oportunidad" que representa esta ley para "normalizar como un derecho" la necesidad de atención integral al final de la vida, "algo que hoy en día no está garantizado en toda España, dada la inequidad en el acceso a programas de cuidados paliativos", lamentó. Por ello, aplaudió que, gracias a esta ley, "en Andalucía se podrá reivindicar y exigir que las necesidades de las personas en el proceso de la muerte sean garantizadas por el Gobierno autónomo", un hecho que "supone un buen ejemplo para otras comunidades autónomas", enfatizó.

De igual modo, destacó que esta norma recoja el derecho del paciente a recibir cuidados paliativos integrales, la elección del domicilio para recibirlos, así como la estancia en habitaciones individuales para personas en situación terminal. "Esto es algo de lo que estamos convencidos los que trabajamos en cuidados paliativos, que es necesario para que el final de la vida de una persona pueda ser más digno", ahondó Bátiz. No obstante, insistió en que "no se quede en meras intenciones y no suponga una frustración para los profesionales por no poder ofrecer un derecho prometido por ley".

INFRACCIONES

En cuanto al capítulo de infracciones y sanciones para el personal sanitario, esta sociedad médica señaló que cualquier incumplimiento de los derechos que se plasman en esta ley "están contemplados en las distintas leyes y normas deontológicas sobre la atención al final de la vida y la autonomía del paciente". Aún con todo, reconoció que "se echa de menos que, al igual que se recoge la penalización a los profesionales, no se incluya a la Administración por posibles incumplimientos". Por último, confió que esta ley no se utilice "como excusa para confundir términos y establecer otro tipo de discursos, como los relacionados con la eutanasia o el suicidio asistido".

jueves, 11 de junio de 2009

"Esperamos que la norma llegue con financiación"


Foto: M. Gómez (La Voz)
El diario La Voz de Cádiz, del grupo Vocento, ofrece hoy una entrevista -realizada por la periodista Virginia Montero- con la presidenta de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (SACPA), la doctora María del Carmen Francisco.

¿Qué opinión le merece el nuevo anteproyecto de ley?
-Va a ser muy positivo, porque se preocupa por afianzar el respeto a la decisión de los pacientes y aclara términos que pueden llevar a confundir a la población, por ejemplo, el de la eutanasia. Fomenta la atención a los enfermos y a sus familias de forma integral, procurando que esté atendido en su casa o en el hospital. Es muy importante el apoyo a los cuidados paliativos integrales e intenta evitar el sufrimiento. Otro de los aspectos fundamentales es que el paciente disponga de toda la información necesaria para poder decidir. Este proyecto de ley intenta lograr la equidad y el fácil acceso de todas las personas a los cuidados paliativos porque es algo que no debería ser cuestión de suerte por vivir en un sitio que cuenta con un equipo de cuidados paliativos o no.

El mismo diario sigue analizando la información: "En este sentido, el presidente del Colegio de Médicos de Cádiz, Ricardo Miranda, recuerda que el código deontológico ya prohibe el ensañamiento sobre el paciente. Es decir, la aplicación de terapias forzadas contra la voluntad del enfermo para mantenerlo con vida. "El profesional sabe perfectamente hasta dónde puede llegar y no queremos que éste sea el primer paso para abrir la mano a la eutanasia", recalcó.


El proyecto de ley de Muerte Digna, en la red


Ya tenéis colgado en la web de la Consejería de Salud el texto del Proyecto de Ley de Muerte Digna que ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía y ahora inicia su andadura parlamentaria. Es previsible que antes de final de año esta aprobado... y en BOJA...


El debate social antes que el parlamentario


La nueva Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte es una norma que regulará los derechos del paciente así como los deberes de los profesionales sanitarios y de los centros sanitarios públicos y privados. Unas 200.000 personas sufren cada año una enfermedad terminal en España. Y no todas reciben la misma atención. Sólo hay 400 unidades especializadas en cuidados paliativos, y están muy mal repartidas, según el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), Javier Rocafort. "No es lo mismo estar en un lugar que en otro", dice la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc), Isabel Oriol.
Fuentes socialistas dijeron hoy que la nueva norma andaluza tiene poco margen para ser modificada, al ser un texto muy trabajado y consensuado, aunque están dispuestos a hablar. Y es que el debate social ha comenzado antes que el parlamentario. Por ejemplo, en la web Hazte Oir, o en el colectivo de "Profesionales por la ética". Basta leer el diario Público, muy próximo al Gobierno socialista, para comprobar que la polémica está servida. "Lo que preocupa a los conservadores es un aspecto que no aborda la ley: la objeción de conciencia. Según el texto, la voluntad del paciente es sagrada, y debe ser el hospital, público o privado, el que garantice que se cumple su decisión, que es, además, su derecho. "No hay motivo para regularla porque raramente un médico se opondrá a una buena práctica", explicó la consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE). Si hubiese que hacerlo añadió, correspondería al Gobierno central" (Más en Público)

miércoles, 10 de junio de 2009

Entrevista



La presidenta de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, Mª del Carmen Francisco, estará en el espacio «La Entrevista» de Canal Sur Televisión mañana jueves (08:30 horas) para hablar de los tratamientos y cuidados paliativos y el anteproyecto de ley sobre muerte digna. Mª del Carmen Francisco ejerce la medicina en la ciudad gaditana de Jerez de la Frontera. Licenciada en la Facultad de Medicina de Cádiz, en el año 2000 inició su actividad en el Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía. Ha desempeñado, desde entonces hasta la fecha, funciones como Médico de Equipo Básico de Atención Primaria (EBAP). Desde enero del 2001, compatibiliza con la anterior actividad, la de médico responsable de la Unidad Domiciliaria de Cuidados Paliativos AECC-SAS. (Vía Canal Sur)

martes, 9 de junio de 2009

"Si un día yo muero"


"Si un día yo muero" es el elocuente título de una exposición sobre los cuidados paliativos que, con gran éxito en Suiza, consigue el difícil reto de reavivar el "carpe diem" (vive el momento) en el visitante, enfrentándole cara a cara con la muerte. Después de superar todas las expectativas con más de 5.000 visitas en seis semanas en la ciudad de Neuchatel, esta colección va a comenzar un recorrido por diferentes ciudades de la Suiza francesa. "El objetivo es acercar los cuidados paliativos a la población. Hemos constatado a lo largo de los años que la gente no sabe lo que son ni cuánto pueden ayudar a quienes son víctimas de una enfermedad de larga duración", explica, en declaraciones a Efe, la jefa de la Clínica de Cuidados Paliativos del Hospital de Neuchatel, Jacqueline Pécaut. (Más en ADN)

Una ley con la opinión de la SACPA


La presidenta de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (SACPA), la doctora María del Carmen Francisco, ha saludado hoy de forma positiva que el Consejo de Gobierno andaluz haya aprobado el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma que aún debe ser debatida y ratificada por el Parlamento de Andalucía para su aprobación definitiva. La nueva ley andaluza regula el ejercicio de los derechos del paciente durante la última etapa de la vida para asegurar su autonomía y el respeto a su voluntad y dignidad, así como los deberes de los profesionales encargados de la atención y las funciones de las instituciones y centros sanitarios.
El proyecto ha sido redactado con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, principalmente de profesionales, sindicatos y asociaciones científicas, entre los que se ha contado especialmente con la opinión y valiosas sugerencias de la SACPA, o lo que es lo mismo, con los profesionales que tienen como responsabilidad directa los cuidados paliativos en Andalucía.
La presidenta de la SACPA, María del Carmen Francisco, como máxima representante de la sociedad científica que agrupa en Andalucía a los profesionales de cuidados paliativos, ha resaltado hoy el “enorme interés social de este proyecto de ley” y el gran esfuerzo que ha supuesto su redacción en la que colaboró el anterior vicepresidente y actual director del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos, el doctor Rafael Cía, “a quien agradecemos su trabajo”. Según la doctora Francisco, “para garantizar la autonomía del paciente es imprescindible que disponga de una buena información sobre la situación de su enfermedad y las posibilidades de tratamiento. El paciente debe ser siempre el último responsable de la decisión”.
La presidenta de la SACPA cree que “sin duda, y aunque el texto probablemente pueda mejorarse durante su trámite parlamentario, va a constituir una ayuda decisiva en la toma de decisiones ético-clínicas en la atención a pacientes en las fases finales de la vida”.
La doctora Francisco, coordinadora del equipo de atención domiciliaria de cuidados paliativos AECC-SAS de Jerez, espera que la Consejería de Salud sume a sus objetivos en torno a esta ley “el reconocimiento de los profesionales que en Andalucía tendrán que aplicarla de forma práctica en su delicado trabajo diario”.
“La ley regula temas candentes y da seguridad al médico y a los profesionales de los paliativos. Pero es necesario que vaya acompañada de las correspondientes inversiones presupuestarias que hagan posible su cumplimiento, por ejemplo garantizando la equidad en los recursos y permitiendo la creación de más equipos de soporte en la comunidad autónoma”, aseguró hoy la presidenta de la SACPA, María del Carmen Francisco, quien incidió en la necesidad de la “homogeneidad en la formación del colectivo de paliativos”.
En su opinión, la ley garantiza “el derecho de todas las personas a recibir cuidados paliativos integrales y un adecuado tratamiento del dolor en el proceso de su muerte, y, lo que no es menos importante, la igualdad efectiva y la ausencia de discriminación en el acceso a los servicios sanitarios en dicho proceso”.

DIGNIDAD
La presidenta de la SACPA destacó hoy los principales valores de la norma aprobada por el Consejo de Gobierno andaluz, “sobre todo el respeto a la plena dignidad de la persona en el proceso de la muerte y que la garantía de que el rechazo de un tratamiento por voluntad de la persona, o la interrupción del mismo, no suponga menoscabo de una atención sanitaria integral y a la plena dignidad en ese proceso. Ese aspecto será esencial para todos, pacientes, profesionales y familias”.
María del Carmen Francisco ha valorado en el nuevo texto legal “el avance social que supone para los andaluces y andaluzas la promoción de la libertad, autonomía y voluntad de la persona, de acuerdo con sus deseos, preferencias o valores, así como la preservación de su intimidad y confidencialidad, aspectos que ya son muy tenidos en cuenta por los paliativistas andaluces”.

El Consejo de Gobierno remite al Parlamento el proyecto de ley de Muerte Digna


El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte. Esta norma, que será remitida al Parlamento de Andalucía para su aprobación definitiva, regula el ejercicio de los derechos del paciente durante la última etapa de la vida para asegurar su autonomía y el respeto a su voluntad y dignidad, así como los deberes de los profesionales encargados de la atención y las funciones de las instituciones y centros sanitarios. La futura ley, primera que se aprobará en España sobre la materia, reconocerá el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía. El proyecto ha sido redactado con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, principalmente de profesionales, sindicatos y asociaciones científicas.
De acuerdo con el texto, entre los derechos reconocidos se encuentra el de recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. También se regula el derecho del paciente a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa, y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no estén contraindicados y la persona así lo desee. La persona afectada podrá igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
La intimidad personal y familiar y la protección de todos los datos relacionados con el proceso de atención sanitaria están garantizadas y el paciente podrá estar acompañado por su familia durante el proceso de la muerte. Aquellos que tengan que ser hospitaliza-dos tendrán derecho a una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como en el privado. Las instituciones deberán proporcionar apoyo y asistencia a la familia de la persona en situación terminal, así como garantizarle una atención integral durante el duelo.
El proyecto de ley dispone que los profesionales sanitarios deberán informar al paciente sobre el proceso clínico y respetar las decisiones que éste tome una vez hecha la indicación facultativa. De igual modo, estarán obligados a transmitir información sobre el derecho a formular la declaración de voluntad vital anticipada y consultarla en aquellos casos en que esté redactada y la persona no pueda expresar sus preferencias.
El facultativo deberá limitar las medidas de soporte vital cuando la situación clínica del paciente lo aconseje, así como ofrecerle todas las intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado y comodidad. Por su parte, las instituciones sanitarias responsables de la atención directa garan-tizarán el cumplimiento de los derechos del paciente y aportarán los servicios para posibilitar el acompañamiento familiar, asegurar una correcta asistencia y proporcionar tratamiento del dolor y asesoramiento y atención en cuidados paliativos de alta calidad, tanto en el propio centro como en el domicilio. Asimismo, los centros sanitarios dispondrán de comités de ética de carácter consultivo para el asesoramiento en la toma de decisiones.
La consejera de Salud, María Jesús Montero, ha indicado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que el texto normativo supone un "salto cualititativo en el proceso de atención al paciente", así como en la salvaguarda que "de la dignidad que tiene que acompañar a la persona durante toda su vida, incluidos sus momentos finales". Del mismo modo, la titular de este departamento ha calificado la Ley como "notablemente avanzada", que, según ha expuesto, tiene por objetivo "garantizar la autonomía del paciente en el momento final de la vida, dentro del marco de ordenamiento jurídico vigente". Además, en referencia a los sanitarios, Montero ha señalado que la norma da seguridad jurídica a los profesionales que "intervienen en el proceso de atención", al mismo tiempo que eleva "a categoría de buenas prácticas clínicas" los supuestos incorporados en la norma como la sedación paliativa terminal, "con las condiciones de información y de consentimiento informado".

El PP apoya la ley de Muerte Digna aunque espera conocer el texto final

La portavoz del Grupo Popular en el Parlamento andaluz, Esperanza Oña, ha mostrado su apoyo a la ley aprobada por el Gobierno andaluz para regular la "muerte digna" porque es un "mandato" del Estatuto de Autonomía, consensuado por el PSOE, PE e IU. Además, ha asegurado que su formación respalda este derecho. Oña ha señalado que "todas las personas tienen derecho a una muerte digna" y que "nadie puede desear un sufrimiento innecesario".

Asimismo, la dirigente popular ha minimizado la trascendencia de este texto pues, en su opinión, viene a regular prácticas médicas habituales. "Esto se viene haciendo en España y en Andalucía; no se trata más que de darle contenido a un marco estatutario con una ley que tendremos que valorar cuando la conozcamos, aunque no está de más que lo que ya se viene haciendo de hecho, se proteja de derecho", ha añadido.

En opinión de Oña, aunque esta ley es la primera en su género que se impulsa en España, "llega demasiado tarde" porque el desarrollo del Estatuto andaluz "parece que se durmió". Con todo, la portavoz popular ha remitido cualquier pronunciamiento definitivo del PP sobre el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, al conocimiento detallado de su texto, pero ha adelantado que los populares se opondrán a cualquier intento de legalizar la eutanasia o "cualquier atajo a la muerte".

lunes, 8 de junio de 2009

Desarrollo del Estatuto de Andalucía


El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía tiene previsto aprobar mañana el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma que inicia así el último trámite previo a su debate en el Parlamento andaluz, según informaron a Europa Press fuentes de la Oficina del Portavoz del Gobierno andaluz. Este proyecto de ley, que recientemente superó la fase de remisión al Consejo Consultivo de Andalucía, tiene como misión principal el hacer prevalecer los derechos del paciente a no recibir determinados tratamientos, así como al obligado cumplimiento de las garantías de estos enfermos por parte de cualquier institución sanitaria, ya sea pública o privada, inclusive de orden religioso.
De esta forma, la futura ley solventa situaciones como la vivida en 2007 con Inmaculada Echeverría, cuando la Orden Hospitalaria San Juan Dios pidió su traslado del Hospital San Rafael de Granada, dependiente la citada orden religiosa y donde permanecía la enferma, a otro centro de titularidad pública y una vez se autorizó la desconexión de la ventilación mecánica que la mantenía con vida.

No obstante, quedará fuera del paraguas legal del futuro texto normativo la eutanasia activa y el suicidio asistido, ya que la comunidad no tiene competencia para legislar en esta materia, además de que está tipificado como delito dentro del Código Penal.Con todo, hará prevalecer los derechos del paciente que exprese se deseo de limitar las medidas de soporte vital cuando éstas provoquen una obstinación o encarnizamiento terapéutico. Además, establece la potestad del ciudadano de rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención.

El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar también las decisiones que éste tome sin imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. De igual modo, los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica, así como la de ofrecer al paciente todas las intervenciones sanitarias necesarias para garantizar su adecuado cuidado. De acuerdo con el proyecto de Ley, entre los derechos reconocidos se encuentra el recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con objetivo de ayudarle en la toma de decisiones.

De igual modo, el texto regulará el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, al tiempo que garantizará los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados.

HABITACIÓN INDIVIDUAL
Tal y como ya ha venido defendiendo la titular de Salud, María Jesús Montero, la futura norma recogerá también el derecho de los pacientes que tengan que ser hospitalizados a una habitación individual durante su estancia, tanto en el ámbito público como en el privado. Para tal fin, Montero ya puntualizó el pasado año que los centros tendrían un período de dos años para garantizar este derecho.Asimismo, el enfermo podrá estar acompañado en todo momento por su familia durante el proceso de la muerte. La intimidad personal y familiar de la persona y la protección de todos los datos relacionados con su proceso de atención sanitaria también están garantizadas.