jueves, 3 de diciembre de 2009

Carmen Francisco apoya la Ley de Muerte Digna y demanda recursos para su ejecución


La doctora María del Carmen Francisco López, presidenta de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (SACPA) ha comparecido ante la Comisión de Salud del Parlamento de Andalucía, que preside la parlamentaria gaditana Raquel Arenal, para expresar su opinión sobre el proyecto de Ley de Muerte Digna, que actualmente se encuentra en su fase de discusión parlamentaria. En su intervención, la doctora Francisco ha recordado a los parlamentarios que "la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos, que presido, representa, precisamente, al colectivo que debe garantizar – en la práctica diaria- el cumplimiento de esta ley pionera en España. Una norma con la que estamos de acuerdo y que era necesaria". La doctora Francisco, aprovechando un acto institucional, ha hecho llegar al presidente de la Junta, José Antonio Griñán, su enhorabuena por afrontar este derecho recogido en el Estatuto de Andalucía.
La presidenta de la SACPA, resaltó en su intervención parlamentaria el grado de colaboración de su sociedad científica porque "de hecho nuestras alegaciones han sido tenidas muy en cuenta por el equipo redactor durante el proceso de elaboración del anteproyecto, por lo que son conocidas ya por todos ustedes", manifestó a los diputados andaluces de la Comisión de Salud.
Sin embargo, además de sobre la ley, la doctora Francisco se pronunció en defensa del colectivo que desarrolla su trabajo en Andalucía en el campo de los cuidados paliativos. "Forman parte de nuestra sociedad científica más de doscientos profesionales –entre médicos, enfermeros y enfermeras, psicólogos, fisioterapeutas y trabajadores sociales- con una experiencia suficientemente acreditada a lo largo de los años, que no debe ignorarse".
"El proyecto de ley establece un marco normativo para situaciones y actuaciones que requieren decisiones difíciles en el final de la vida, regulando el ejercicio de los derechos de los pacientes, el respeto a su autonomía, y las actuaciones de los profesionales, instituciones y centros sanitarios ante cuestiones como la limitación de esfuerzo terapéutico, el rechazo de tratamientos, o la sedación paliativa. Y como toda norma, es mejorable. Y debe tener en cuenta el factor profesional", afirmó la presidenta de la SACPA.
"Por eso, aprovechando estos diez minutos que nos conceden, quiero expresarles mi inquietud sobre algún aspecto de la aplicación futura de la ley. Por varias razones. En su texto debe quedar claro el compromiso de la Administración, de que los profesionales que velarán por el cumplimiento de la ley estatutaria tendrán el perfil idóneo y la experiencia acreditada para realizar dicha labor. Y eso no se adquiere con un curso de quince días sino a lo largo de años de experiencia profesional en el campo de los cuidados paliativos".
La presidenta de la SACPA exigió en el curso de su intervención que "debe quedar claro, en el texto legislativo o en su reglamento, que la Administración se compromete a ampliar el número de Unidades de Cuidados Paliativos y Equipos de Soporte, y la dotación de los ya existentes, facilitando la equidad en el acceso a dichos recursos, mejorando su implantación en el sistema sanitario público andaluz, fomentar la formación de los profesionales de los recursos generales, y promover su coordinación con los recursos avanzados de Cuidados Paliativos, mediante la implantación del Proceso Asistencial Integrado e implantar la acreditación de los profesionales en Cuidados Paliativos".
"¿Qué les quiero decir con todo esto?", se preguntó la doctora Francisco: "Que una vez que ya tenemos un marco legislativo hay que pintar el cuadro, dotarlo de contenido, es decir de recursos, formación y profesionales acreditados. Las leyes no son nada si no aparecen reflejadas con cifras concretas en los Presupuestos de la Junta de Andalucía. Y eso debe quedar claro desde el primer momento. Al mismo tiempo les transmito una inquietud existente en nuestro colectivo acerca del futuro de muchos profesionales andaluces, formados en la experiencia diaria de los paliativos y responsables de la formación de otros que han venido después. La Administración no debe ni puede olvidar su aportación en este campo después de tantos años de trabajo. Será necesario, por otra parte, que el texto legislativo sea conocido y asumido por todos los profesionales, dado que implica obligaciones, deberes y compromisos que deben adquirir ante la administración, los pacientes y sus familias".
A juicio de la doctora Francisco, la aplicación de la nueva Ley de Muerte Digna "va a generar no pocas dudas en todas las partes por lo que demandamos de la Administración la puesta en marcha de jornadas formativas en toda Andalucía dirigidas al colectivo profesional de paliativos, pero también a los cuidadores, a las familias. Es una ley delicada cuya aplicación debe hacerse con el máximo rigor pero también con la máxima transparencia por lo que ha de ser conocida y explicada, labor en la que podrán contar con la participación de esta sociedad científica".
Por otra parte, la presidenta de la SACPA les significó que el artículo 26 de la norma establece muy claramente que “los centros e instituciones sanitarias” garantizarán la estancia en habitación individual, con sus familiares, a pacientes en situación terminal. "Un artículo que tiene implicaciones económicas muy concretas que han de ser definidas lo antes posible en el posterior desarrollo reglamentario de la norma. Por eso demandamos el mismo nivel de participación en la confección del reglamento de la ley, que el que ha tenido su redacción por parte de los colectivos afectados".
"Andalucía, de nuevo, es innovadora en materia legislativa. Tienen ustedes a un colectivo profesional, el de los cuidados paliativos, dispuesto a ejercer su trabajo con la misma dedicación que lo ha hecho hasta ahora. Falta conocer si la Administración dotará de recursos para impulsar definitivamente el desarrollo de los cuidados paliativos en Andalucía", manifestó la presidenta de la SACPA ante la Comisión de Salud.

Montes discrepa de los Colegios Médicos sobre la objeción de conciencia


El polémico ex coordinador del servicio de Urgencias del Hospital Severo Ochoa de Leganés y actual presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), Luis Montes, opinó hoy que la aplicación de la objeción de conciencia por parte del galeno, una medida que piden colectivos del ramo como el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, supondría "un delito de lesiones por omisión del deber del socorro" en pacientes que se encuentra en una fase terminal de su vida "y en situación de agonía".
Montes, quien hoy compareció en rueda de prensa en Sevilla para mostrar el apoyo de su asociación a las enmiendas que el grupo de IU en el Parlamento andaluz elevará al proyecto de Ley de Muerte Digna, dijo "no entender a nivel médico y ético" el que un facultativo pida acogerse a la objeción de conciencia a la hora de aplicar la llamada eutanasia indirecta en un enfermo terminal en agonía, "ya que si se niega a tratar la agonía y sus síntomas refractarios, estamos ante una mala práctica médica y un delito de lesiones por omisión". Además, sostuvo que, si bien la eutanasia activa y el suicidio asistido son figuras tipificadas como delito en el Código Penal y corresponde a las Cortes Generales el atender a una posible modificación, la eutanasia indirecta es una figura "que ya está despenalizada".
"El hecho de que un ciudadano pueda morir con sufrimiento se entiende como un delito de lesiones por omisión del socorro", enjuició Montes, quien argumentó que, "si a nivel jurídico y ético --la eutanasia pasiva indirecta-- es una buena práctica médica, no entiendo a que se puede objetar, si no es a la idea".

En cuanto a la eutanasia activa y el suicidio asistido, urgió a que estas figuras "se legalicen con un compromiso político claro", un solicitud que el vicepresidente de la misma asociación DMD, Fernando Marín, sustentó tras advertir que la eutanasia activa "ya existe". "Lo que se está poniendo encima de la mesa es si queremos que esta práctica se convierta en un derecho regulado por ley, con todas sus garantías y salga de la clandestinidad", declaró Marín, quien, de hecho, sostuvo que "aproximadamente el 0,4 por ciento de los fallecimientos que se registran anualmente en España, unos 1.500 al año, se producen por eutanasia".

"SE MUERE MAL EN ESPAÑA"

De igual modo, Marín apostó por el desarrollo de legislaciones que abran la eutanasia a la práctica clínica, al entender que "se muere mal en Andalucía, España y, en general, en todos los países desarrollados". Para dicho agente social, el desarrollo tecnológico de la medicina "ha dejado al margen el proceso de morir", un extremo que "choca frontalmente con la autonomía de los ciudadanos", de los que dijo "siguen siendo ciudadanos de pleno derecho y exigen ser protagonista de su proceso de morir cuando se convierten en pacientes por estar enfermos". Marín defendió conciliar la autonomía del paciente con la tecnificación de la medicina, de la que advirtió "ha estado sometida hasta la fecha al paternalismo médico". Frente a ello, apostó por una relación más horizontal y comunicativa, "que es lo que trata ahora de concretar este proyecto de ley" andaluza de Muerte Digna.

En cuanto a la variabilidad en las formas de actuar, según que administraciones, aplaudió la actuación de la Junta de Andalucía en el caso de Inmaculada Echevarría, mientras que acusó de "infamia" lo que se hizo en el Hospital Severo Ochoa de Leganés. En su opinión, esta variabilidad "demuestra que hay que seguir avanzando en la consolidación de los derechos del paciente y en que una vida digna no finalice con una muerte indigna, con una mala muerte". De otro lado, se refirió al hecho de que en cualquier ámbito, inclusive el jurídico, "no existe el derecho a no ser informado", un precepto, por contra, "que sí se recoge en el ámbito sanitario" y que en su opinión "es una rémora de ese paternalismo médico".

IU, CONDICIONAMIENTO A LA LEY

Por su parte, el portavoz en materia sanitaria del grupo parlamentario de IULV-CA, José Manuel Mariscal Cifuentes, recordó, tal y como ya anunciase en el Pleno de la Cámara el diputado de la misma formación Pedro Vaquero, que el condicionamiento de su grupo al proyecto de Ley de Muerte Digna en Andalucía dependerá de si se apoya o no el incluir la objeción en la norma. "Si se cruza esa línea roja -en referencia a la incorporación de la objeción en la ley- reflexionaríamos si damos nuestro apoyo a la ley, aunque seguramente obtendrían el no a nuestro apoyo", avisó.

AECC firmará con la Junta convenio unidades cuidados paliativos a domicilio


La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) firmará el próximo año con la Junta de Castilla y León un convenio de colaboración para crear unidades de cuidados paliativos a domicilio en la Comunidad, con independencia de las hospitalarias que ya existen actualmente. Según la presidenta nacional de la AECC, Isabel Oriol, quien ha comentado que las negociaciones con la Consejería de Sanidad en este sentido se desarrollan de manera "muy satisfactoria" y se encuentran "muy avanzadas".
Por ello, espera que "antes de que termine el año 2010" pueda estar en marcha este acuerdo, teniendo en cuenta que en el siglo XXI esa atención "es un derecho universal del ciudadano, que tiene que ser atendido por la sanidad pública". Tras señalar que los pasos se darán "de forma ordenada", Oriol ha apuntado que desde la AECC se prestará "una colaboración psicosocial en atención a estas unidades y en voluntarios", en un momento "clave para estas personas".
La presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer ha realizado este anuncio después de expresar su deseo de "impulsar el voluntariado a domicilio". Por su parte, el jefe del Servicio Territorial de Sanidad de la Junta en Ávila, Fidel Gallinas, ha precisado que con este paso se pretende que los enfermos de cáncer puedan recibir en su propio domicilio "asistencia sociológica o profesional de tipo médico". Se trata de que la AECC "colabore con más medios" a la atención de estas personas a través del personal voluntario de que dispone y del que carece el propio Sacyl.
* La pregunta es ¿qué pasará en Andalucía?