jueves, 18 de marzo de 2010

Andalucía aprueba la Ley de Muerte Digna


"Ha sido un día muy importante para Andalucía y para la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos", afirmó ayer la presidenta de la SACPA, la doctora Carmen Francisco, que acudió como invitada por la Comisión de Salud del Parlamento andaluz a la sesión de la Cámara autonómica que aprobó el proyecto de Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, una norma que regula el ejercicio de los derechos del paciente durante la última etapa de la vida para asegurar su autonomía y el respeto a su voluntad y dignidad, así como los deberes de los profesionales encargados de la atención y las funciones de las instituciones y centros sanitarios. La futura ley, primera que se aprueba en España sobre la materia, reconocerá el derecho de los ciudadanos andaluces a declarar la voluntad vital anticipada, que deberá respetarse tal y como se establece en el Estatuto de Autonomía. El proyecto ha sido redactado con el acuerdo y las aportaciones de más de 60 colectivos, principalmente de profesionales, sindicatos y asociaciones científicas, entre ellas la SACPA. "Un trabajo multidisciplinar del que nos sentimos muy orgullosos" indicó la doctora Francisco, quien recordó que "es necesario que ese trabajo, ahora, en la práctica, sea desarrollado por los mejores profesionales y se dote presupuestariamente la ley".

INFORMACIÓN VERAZ
De acuerdo con el texto, entre los derechos reconocidos se encuentra el de recibir, o no si así lo desea el paciente, información clínica veraz y comprensible sobre su diagnóstico y pronóstico, con el fin de ayudarle en la toma de decisiones. También se regula el derecho del paciente a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa, y cuidados paliativos integrales en su domicilio siempre que no estén contraindicados y la persona así lo desee. La persona afectada podrá igualmente rechazar o paralizar cualquier tratamiento o intervención, aunque ello pueda poner en peligro su vida.
La norma contó, no obstante, con el rechazo parcial del Grupo Parlamentario Popular a tres artículos de los 33 que conforman el nuevo cuerpo de ley. En concreto, los artículos que han contado con el rechazo de los 46 votos 'populares' son los relativos a los deberes de los profesionales sanitarios que atienden al paciente ante el proceso de la muerte (artículos 18 y 21) por no incluir la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, así como el artículo 27, referido a la composición de los comités de ética de los hospitales, al entender que requeriría de una regulación más específica. Durante su intervención en la Cámara autonómica, la portavoz del grupo parlamentario popular, Ana María Corredera Quintana, mostró la "decepción" de su grupo ante lo que consideró una "falta de diálogo" y una postura "inflexible" del Gobierno andaluz durante el proceso de enmiendas, tras recordar que, de las 29 que presentó su formación, "sólo se han aprobado dos". En este sentido, reprochó que la nueva ley no recoja "el derecho de los profesionales sanitarios" a acogerse a la objeción de conciencia, en el sentido de que dicho derecho "no lesionaría" el derecho del paciente a recibir el tratamiento que solicitase acorde con sus principios éticos, religiosos y morales, ya que, en su defecto, "otro profesional" acorde con los principios del paciente "se encargaría de esa atención".

IZQUIERDA UNIDA
Por su parte, el portavoz de IU José Manuel Marical Cifuentes destacó el "avance en el reconocimiento de los derechos y autonomía de los ciudadanos" que supone la aprobación de la nueva ley, como síntoma, dijo, "de la modernidad y el abandono de la cultura paternalista". Aún con todo, aprovechó para pedir al Gobierno central el que se abra un debate sobre la necesidad de que se regule la eutanasia y el suicidio asistido. "No podemos dejar pasar la oportunidad para hacer un llamamiento al Gobierno central para que legisle en materia de eutanasia y suicido asistido", enfatizó Mariscal Cifuentes, quien aludió en este punto a estudios nacionales "que revelan que un 67 por ciento de españoles se muestran partidarios de regular la eutanasia". Además, recordó que la "obligación" del Gobierno autonómico es ahora la de "garantizar" que estos derechos se cumplan, "ya que no sólo basta con aprobar la ley". En cuanto a la cuestión relativa a la objeción de conciencia, afirmó que la misma "no tiene cabida" en dicha ley, que si recoge por contra el que se lleven a cabo a partir de la misma estudios sobre "cómo se muere en Andalucía".

PARTIDO SOCIALISTA
Por su parte, la portavoz socialista Rosa Ríos valoró lo "oportuno y sensato" de esta ley, que la msima "mantiene conectado al PSOE con la sociedad", que "garantiza los derechos de la ciudadanía y sus convenciones morales" y que solventa la "indefensión jurídica" de los mismo profesionales sanitarios ante casos como el de las sedaciones de Leganés. Sobre la objeción de conciencia dijo que su grupo y la Junta "siempre ha mantenido que su regulación debe ser estatal" y que "no cabe una regulación autonómica", mientras que en el apartado del régimen de sanciones se refirió a la "necesidad" de que toda norma tenga un apartado sancionador ante potenciales quebrantamientos de la misma. En concreto, el régimen sancionador de la Ley de Muerte Digna se regirá por el que ya recoge la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, según concretaron a Europa Press fuentes de la Consejería de Salud andaluza. En cuanto al Plan de Cuidados Paliativos aseguró que se conseguirá alcanzar una red sanitaria "ajustada a los recursos que marcan este plan", toda vez que dijo que "el 75 por ciento de las habitaciones de paliativos son ya individuales en la comunidad". La Junta sostiene que la inmensa mayoría de los andaluces coinciden en el hecho de que "todo el mundo tiene derecho a morir dignamente", extremo por el que esta ley ha puesto el acento en la autonomía y voluntad del paciente, por encima de otras consideraciones que pudiesen plantear las instituciones sanitarias.

OBLIGACIONES DEL PROFESIONAL
El texto también plasma que los profesionales sanitarios que atiendan al paciente en su fase terminal deberán respetar sus decisiones, hasta el punto de que el sanitario no podrá imponer sus opiniones personales, morales, religiosas o fisiológicas. De igual modo, los facultativos tendrán la obligación de limitar las medidas de soporte vital cuando lo estimen necesario para evitar la obstinación terapéutica. Por otra parte, el texto regula el derecho del ciudadano a recibir tratamiento del dolor, incluyendo la sedación paliativa cuando lo precise, al tiempo que garantizará los cuidados paliativos integrales, que serán proporcionados, si así lo desea la persona, en su propio domicilio y siempre que no estén contraindicados.
(Referencias de Europa Press)

Reacciones tras la aprobación de la LMD


La consejera de Salud, María Jesús Montero, destacó hoy que el texto aprobado por el Pleno del Parlamento de Andalucía para la Ley de Muerte Digna es "ponderado y mesurado", toda vez que aplaudió la "seriedad" con la que "partidos políticos, agentes sociales y medios de comunicación" han tratado este norma durante todo el trámite parlamentario. En declaraciones a Europa Press, Montero destacó también lo "sereno" de este debate, del que confió haya servido para "clarificar conceptos entre la ciudadanía" relativos al proceso de la muerte "y que a veces se confunden en cuestiones tan distintas como son un suicido asistido, la eutanasia, una limitación del esfuerzo terapéutico", entre otras consideraciones. En cuanto a la no inclusión en esta ley de la objeción de conciencia para aquellos profesionales sanitarios cuyos valores éticos, morales y religiosos entren en conflicto con los del paciente en situación terminal, Montero declaró que esa es una materia que, de regularse, "tendría que ser a nivel estatal, ya que no tiene sentido que existan 17 reglamentos distintos de objeción".

COLEGIO DE MÉDICOS
El presidente del Colegio de Médicos de Sevilla, Carlos González Vilardell, deseó hoy que "no se practiquen" en los hospitales de Andalucía una "eutanasia activa en cubierta", tras la aprobación por el Parlamento andaluz de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte. En declaraciones a Europa Press Televisión, González Vilardell confió que esta ley "se utilice para bien y no sea una medida que incite al médico a acelerar el proceso de muerte ni que vaya en contra de sus principios éticos ni deontológico", apostilló. Además, recordó que el código deontológico médico "defiende la vida y reconoce que no se debe trabajar bajo la obstinación y el ensañamiento con el paciente", por lo que esperó que "no se practique una eutanasia activa y en cubierta, ni por petición de los familiares ni del paciente".

OBISPOS DEL SUR
Los Obispos del Sur (Odisur) aseguraron hoy, tras la aprobación en el Parlamente de Andalucía de la Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte, que "en sí la Ley como tal no es de estricta necesidad", porque "la sociedad no reclama una Ley ahora, y en los hospitales se puede funcionar perfectamente sin ella". En declaraciones a Europa Press, el delegado diocesano de la Pastoral de Salud de la Archidiócesis de Sevilla, Dionisio Manso, manifestó además, en referencia a los profesionales, que "esta ley habla solo de las obligaciones de los mismos, pero no habla de los derechos, como por ejemplo el de la objeción de conciencia, a la que los médicos deberían poder recurrir en algunas situaciones límites".
No obstante, afirmó que "en el segundo borrador de esta ley --que es el que se ha votado hoy en el Parlamento-- se han eliminado bastantes aspectos punitivos aplicables a los profesionales que no cumpliesen con la ley", un extremo que calificó de "positivo" porque, a su juicio, "el primer borrador tenía muchos castigos". Además, prosiguió, la Ley de Muerte Digna "no aprueba la eutanasia", pero, apostilló, "pudiese ser que en la práctica, en algunas circunstancias, algún profesional llevase a cabo cierta práctica de eutanasia indirecta". Aunque, "no es una ley eutanásica y como tal, la ley no lo permite", insistió.
Asimismo, Dionisio Manso calificó de "muy acertado" el fomento de las unidades de cuidados paliativos tanto en el domicilio como en los hospitales, pero, añadió que "esta ley no refuerza la dotación económica para que estas unidades puedan funcionar con competencia, dignificando de este modo el proceso de la muerte". "Me parecen muy acertadas siempre que funcionen dignamente y con profesionales competentes", concluyó.