La nueva Ley de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas en el Proceso de la Muerte es una norma que regulará los derechos del paciente así como los deberes de los profesionales sanitarios y de los centros sanitarios públicos y privados. Unas 200.000 personas sufren cada año una enfermedad terminal en España. Y no todas reciben la misma atención. Sólo hay 400 unidades especializadas en cuidados paliativos, y están muy mal repartidas, según el presidente de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos (Secpal), Javier Rocafort. "No es lo mismo estar en un lugar que en otro", dice la presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer (Aecc), Isabel Oriol.
Fuentes socialistas dijeron hoy que la nueva norma andaluza tiene poco margen para ser modificada, al ser un texto muy trabajado y consensuado, aunque están dispuestos a hablar. Y es que el debate social ha comenzado antes que el parlamentario. Por ejemplo, en la web Hazte Oir, o en el colectivo de "Profesionales por la ética". Basta leer el diario Público, muy próximo al Gobierno socialista, para comprobar que la polémica está servida. "Lo que preocupa a los conservadores es un aspecto que no aborda la ley: la objeción de conciencia. Según el texto, la voluntad del paciente es sagrada, y debe ser el hospital, público o privado, el que garantice que se cumple su decisión, que es, además, su derecho. "No hay motivo para regularla porque raramente un médico se opondrá a una buena práctica", explicó la consejera de Salud, María Jesús Montero (PSOE). Si hubiese que hacerlo añadió, correspondería al Gobierno central" (Más en Público)
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