La Sociedad Española de Cuidados Paliativos (SECPAL) mostró hoy su temor a las "dificultades" que puede presentar la "aplicación efectiva" de la Ley andaluza de Muerte Digna, que el pasado martes se aprobó en el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, motivo por el que pidió al Gobierno autonómico que dicha norma "no se quede en meras intenciones y no suponga una frustración para los profesionales por no poder ofrecer un derecho prometido por ley". Para el miembro de la Junta Directiva de esta sociedad médica y portavoz de su Grupo de Ética Jacinto Bátiz, de producirse este vacío de cometidos "los políticos habrán quedado muy bien para su curriculum y prestigio electoral con la firma de esta ley, pero los médicos seguiremos con nuestras dificultades como hasta ahora y, sobre todo, los enfermos no podrán disfrutar de unas promesas políticamente correctas".
De hecho, la Sociedad Española de Cuidados Paliativos valoró hoy en una nota la "oportunidad" que representa esta ley para "normalizar como un derecho" la necesidad de atención integral al final de la vida, "algo que hoy en día no está garantizado en toda España, dada la inequidad en el acceso a programas de cuidados paliativos", lamentó. Por ello, aplaudió que, gracias a esta ley, "en Andalucía se podrá reivindicar y exigir que las necesidades de las personas en el proceso de la muerte sean garantizadas por el Gobierno autónomo", un hecho que "supone un buen ejemplo para otras comunidades autónomas", enfatizó.
De igual modo, destacó que esta norma recoja el derecho del paciente a recibir cuidados paliativos integrales, la elección del domicilio para recibirlos, así como la estancia en habitaciones individuales para personas en situación terminal. "Esto es algo de lo que estamos convencidos los que trabajamos en cuidados paliativos, que es necesario para que el final de la vida de una persona pueda ser más digno", ahondó Bátiz. No obstante, insistió en que "no se quede en meras intenciones y no suponga una frustración para los profesionales por no poder ofrecer un derecho prometido por ley".
INFRACCIONES
En cuanto al capítulo de infracciones y sanciones para el personal sanitario, esta sociedad médica señaló que cualquier incumplimiento de los derechos que se plasman en esta ley "están contemplados en las distintas leyes y normas deontológicas sobre la atención al final de la vida y la autonomía del paciente". Aún con todo, reconoció que "se echa de menos que, al igual que se recoge la penalización a los profesionales, no se incluya a la Administración por posibles incumplimientos". Por último, confió que esta ley no se utilice "como excusa para confundir términos y establecer otro tipo de discursos, como los relacionados con la eutanasia o el suicidio asistido".
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