Enrique Cruz Giráldez, viceconsejero de Salud, ha inaugurado esta mañana el VI Congreso de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos (SACPA), que -bajo el lema "Cuidados Paliativos, un derecho de todos, incluyendo enfermos no oncológicos" - se celebra en Sevilla, en el Hotel Los Lebreros, y en el que participan doscientos profesionales venidos de toda Andalucía y dedicados a los cuidados paliativos. El viceconsejero ha sido recibido a su llegada por miembros del comité organizador, entre los que se encontraban los doctores José María Galán, Jaime Boceta, Rafael Cía y María del Carmen Francisco, que esta tarde se convertirá en presidenta de la SACPA tras la asamblea extraordinaria. En su intervención, el viceconsejero ha señalado que "todos los avances de los últimos años no podrían haberse conseguido sin la implicación, el esfuerzo y empuje de todos y cada uno de los profesionales que ponen día a día todo el empeño en realizar un trabajo comprometido, humano y de calidad".
El viceconsejero ha destacado que "nuestro estatuto de autonomía eleva a la categoría de derechos de nueva generación el recibir un adecuado tratamiento del dolor y la plena dignidad en el proceso de la muerte. Igualmente garantiza expresamente el reconocimiento del derecho a la voluntad vital anticipada, así como a recibir tratamientos paliativos integrales".
Enrique Cruz se ha referido a los datos aportados por el último Barómetro Sanitario, que la administración andaluza realiza cada dos años. "Según dicho barómetro, el 94 por ciento de los encuestados coincide en que todo el mundo tiene derecho a vivir dignamente el proceso de la muerte. A la vez, ocho de cada diez andaluces expresa literalmente que preferiría no prolongar su vida en situación irreversible sino disfruta de una mínima calidad de vida. Además, nueve de cada diez andaluces, un 87,2 por ciento, está de acuerdo que en caso de situación irreversible deben tener derecho a la aplicación de un tratamiento para el dolor, aunque suponga vivir menos tiempo, frente a solo un 5 por ciento que está en desacuerdo".
El viceconsejero ha explicado el anteproyecto de ley que regula los derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte y que, por su extraordinaria relevancia y repercusión social, se ha sometido al procedimiento de información pública con el fin de que, organismos, entidades y colectivos interesados, así como los propios ciudadanos a título individual puedan formular las alegaciones que estimen más oportunas.
"Pretendemos enviar al Parlamento el proyecto de ley para finales del próximo mes de abril", ha informado el viceconsejero, quien ha resaltado que "estamos ante una ley que se enmarca, como no puede ser de otra manera, en los límites del Código Penal, por que términos como eutanasia o suicidio asistido no tienen cabida en ella. A su vez, el rechazo al tratamiento, la limitación de medidas de soporte vital y la sedación paliativa no deben ser calificadas como actuaciones de eutanasia, sino que por el contrario deben ser consideradas como buena práctica clínica y como actuaciones profesionales conformes a la legalidad vigente".
Enrique Cruz ha señalado que "estamos ante una ley que pone en valor derechos vinculados con los principios de libertad y autonomía del paciente, basados en la información clínica, el consentimiento informado y la toma de decisiones" y que "estamos ante una ley que contribuye decisivamente a proporcionar seguridad jurídica a los ciudadanos y a los profesionales, delimitando los deberes de estos y las obligaciones de las instituciones sanitarias públicas y privadas". Por último, el viceconsejero ha señalado que la nueva ley "garantiza los cuidados paliativos de la más alta calidad, quiere evitar la obstinación terapéutica y establece el derecho a la atención sanitaria en el domicilio durante la etapa final de la vida, así como la atención al duelo con total garantía de intimidad para los familiares".
